URBANISMO. El Govern suspenderá licencias en parajes de especial protección

INFRAESTRUCTURAS. El túnel de Bracons y el cuarto cinturón dependen de un estudio urgente

A mediodía de hoy quedará constituido el Govern del tripartito y por la tarde se reunirá ya en su primera sesión de trabajo. Sobre la mesa, el nuevo Consell Executiu de la Generalitat tendrá varios asuntos prioritarios que abordar con urgencia. El extenso programa de gobierno pactado entre PSC, ERC e ICV-EUiA marcará los pasos que seguir por el Ejecutivo, que entre las primeras decisiones que deberá adoptar incluye diversas medidas de choque en aspectos de bienestar social y de política territorial.

El nuevo Govern tiene previsto ordenar las administraciones catalanes en tres niveles territoriales: veguerías (o regiones), comarcas y municipios. Por ello, a partir de hoy empezarán a adaptarse las delegaciones territoriales de la Generalitat a ese criterio geográfico y se comenzará por poner en marcha la región Pirineos, que será una de las siete que se constituirán posteriormente, junto a las cuatro provincias actuales, la región metropolitana y las Terres de l'Ebre.

Asimismo, el Departament de Política Territorial, cuyo titular será Joaquim Nadal, tendrá que acometer varios asuntos complicados en sus primeras semanas. De entrada, deberá elaborar en dos meses un estudio sobre las consecuencias ambientales, jurídicas y económicas que tendría una posible paralización de las obras del túnel de Bracons, una construcción que ya está en marcha y a la que se oponen, en principio, ERC e ICV-EUiA por su impacto ecológico.

Paralelamente, el departamento de Nadal emprenderá la elaboración de nuevos planes de carreteras, autovías y autopistas, que definirán cuestiones controvertidas como el cuarto cinturón y las alternativas para la mejora de la comunicación entre el Baix Llobregat y el Vallès Occidental. En relación con las infraestructuras, el tripartito prevé constituir un fondo de rescate de peajes de autopistas que se financiará con los impuestos que generan. El Consell Executiu quiere eliminar también el incremento de los peajes que se produjo al cambiar el tipo de IVA del 7 % al 16 % en cumplimiento de la normativa comunitaria. Para ello se pretende que el Estado se haga cargo del incremento mediante una subvención a las concesionarias.

El aspecto económico será fundamental para un Ejecutivo que se plantea un aumento inmediato y significativo de la inversión en infraestructuras. La financiación, por tanto, es otra de las prioridades. De ahí que en la agenda de medidas de urgencia figure emprender cuanto antes la negociación con el Gobierno de un nuevo sistema de financiación. Esa revisión se hará en el ámbito de la comisión mixta de valoraciones Estado-Generalitat, ante la que se denunciará el actual sistema.

El objetivo es lograr que los ingresos de la Generalitat por habitante se equiparen de forma progresiva a los que obtienen las administraciones autonómicas forales, que gozan del concierto económico. Al mismo tiempo, el Govern creará la Agència Tributària de Catalunya, cuya función será recaudar los impuestos propios, cedidos y compartidos con la Administración de Estado.

Otra de las grandes líneas que definirá al nuevo Ejecutivo de izquierdas será su oposición al trasvase del Ebro. De hecho, su primera acción de Gobierno fue enviar una carta a Bruselas para expresar a la Unión Europea, antes incluso de la constitución del Govern, cuál será su actitud al respecto. Eso sí, las siguientes acciones contra el trasvase previsto en el Plan Hidrológico Nacional están aún por determinar.

En cualquier caso, en el campo de la política territorial, y mientras se formulan los planes territoriales pendientes, el Govern de Catalunya aplicará una suspensión de licencias urbanísticas en aquellos lugares que juzgue de especial protección, como algunas zonas del litoral y de comarcas pirenaicas.

El tripartito de izquierdas quiere acentuar también su acción en las cuestiones sociales. Uno de los problemas más acuciantes es el de los altos precios de la vivienda. En ese campo, y además de medidas del fomento del alquiler y de abaratamiento del suelo para la construcción, el Govern se encontrará con el reto de facilitar 42.000 viviendas protegidas, una parte de ellas de nueva creación, en los próximos cuatro años. La mitad deberán ser, según los pactos del tripartito, de alquiler y el 25%, para los jóvenes.

La sanidad representa otro de los apartados más amplios del programa de gobierno. Uno de los grandes objetivos es lograr aumentar el tiempo de atención a los pacientes, hasta alcanzar un mínimo de diez minutos. Asimismo, el Govern tiene previsto aplicar un plan de choque para la reducción de las listas de espera en las intervenciones quirúrgicas. Y, en paralelo, piensa revisar los procesos de privatización de la gestión puestos en marcha. Según los acuerdos, el tripartito “tomará las medidas necesarias para garantizar una adecuada prestación de los servicios públicos de salud”, en lo que puede significar la revocación de algunas de las decisiones adoptadas por el gabinete de CiU.

En el campo de la educación, que también será prioritario, el nuevo Govern adoptará bastantes decisiones inmediatas. Así, el Ejecutivo ha anunciado que revisará los conciertos existentes con los colegios privados. En concreto, se actualizarán los que cumplan con la normativa, pero serán rescindidos los de aquellos centros que la incumplan. Asimismo, Ensenyament creará oficinas municipales de matriculación y elaborará una nueva normativa sobre el procedimiento de admisión del alumnado. Por último, el Govern aplicará también sendos planes de choque para la mejora de las instalaciones escolares actuales y para combatir el fracaso escolar.

En el campo de la seguridad, el nuevo Ejecutivo se propone acelerar el despliegue de los Mossos por todo el territorio, de modo que se haya completado durante el 2007, antes de acabar la legislatura. El Govern creará, asimismo, una oficina anticorrupción, encargada de revisar las contrataciones y controlar la actuación de los cargos públicos.

Por otra parte, y aunque Josep Lluís Carod-Rovira será conseller en cap mediante un decreto, el Ejecutivo prevé tener aprobada una ley que regule esa figura del Govern en menos de un mes. Y entre las acciones de los próximos días estará asimismo la salida de cargos de confianza del anterior Govern. Finalmente, otro gran reto de la legislatura será el nuevo Estatut, que el tripartito prevé tener a punto en la primavera del 2005. Sin embargo, ese será un proceso que irá más allá de la acción gubernamental, impulsado desde el Parlament y que exigirá el consenso también con CiU.