| ¿Hasta
dónde llega la protección del medio ambiente y dónde
empieza la necesidad de desarrollo económico? La autorización
para realizar cuatro grandes proyectos industriales en Alemania, Holanda
y Suecia que afectan a zonas naturales protegidas dependía
de la respuesta que la Comisión Europea diera a este dilema.
En tres ocasiones, el Ejecutivo comunitario se ha decantado por autorizar
las obras a pesar de sus "nefastas consecuencias" para el
medio ambiente y dando prioridad así a un criterio de desarrollo
económico y social.
Bruselas
ha respondido favorablemente a las peticiones de ampliar el puerto
de Rotterdam (Holanda), a un plan de explotación de una zona
hullera en Renania del Norte (Alemania) y a la construcción
de una nueva línea ferroviaria en Botnie (Suecia).
En los tres casos, las autoridades comunitarias reconocen
que los proyectos van a tener efectos nefastos sobre áreas
protegidas de la red Natura 2000, un catálogo de enclaves
naturales en el que están
representados los diversos espacios comunitarios. El argumento de
la autorización es que los proyectos están "justificados
por razones imperativas de interés público mayor",
y su paralización tendría consecuencias negativas
para el desarrollo económico y social de estas regiones.
Sin embargo, la Comisión Europea no ha dado
su visto bueno a la construcción de una nueva zona de actividad
industrial y comercial también en Renania del Norte, porque
las soluciones alternativas no se examinaron bien y no puede saberse
si existen o no otras soluciones posibles. En este caso, las autoridades
alemanas tampoco habían propuesto compensaciones ambientales
por los daños que causarían las obras.
La red Natura 2000 fue creada en 1992 para conservar
la biodiversidad y asegurar la supervivencia de las especies y hábitats
más amena-zadas. Estos espacios aglutinan las zonas protegidas
por las directivas de Aves y la de Hábitats, que, precisamente,
según los grupos ecologistas, son vulneradas por el trasvase
del Ebro.
La Comisión Europea ha preguntado en reiteradas
ocasiones al Gobierno español cuántas zonas de la
red Natura 2000 están afectadas por el trazado del Ebro.
En su última carta a Bruselas, el Ministerio de Medio Ambiente
admitió que repercutiría sobre cuatro espacios protegidos
en la Comunidad Valenciana y en Murcia, y reconoció que no
ha terminado ninguno de los estudios de impacto ambiental solicitados
por Bruselas.
En cambio, las quejas de los grupos ecologistas aseguran
que su impacto tendría consecuencias directas sobre al menos
14 espacios. De acuerdo con la directiva de Hábitats, "cualquier
plan o proyecto que pueda afectar de forma apreciable a los citados
lugares se someterá a una adecuada evaluación de sus
repercusiones en el lugar teniendo en cuenta los objetivos de conservación".
Los tres proyectos que Bruselas ha autorizado
en el Norte de Europa -a pesar de sus nefastos efectos sobre el
medio- han sido justitificados en el imperativo económico
y social. En cualquier caso, en todos los casos, estas propuestas
van acompañados por medidas compensatorias por los daños
que causen en las zonas protegidas. Pero este tipo de autorización
no siempre han sido el final del proceso, porque en varias ocasiones
grupos ecologistas han recurrido la decisión ante el Tribunal
de Justicia y las obras se han paralizado. Así ocurrió
con la construcción de una autopista en el sur de Inglaterra,
en una zona de especial importancia para las aves, o en Santoña
(Cantabria), donde una sentencia obligó a parar las obras
de una carretera, cambiar el trazado y restaurar las zonas afectadas.
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