Presentada por la Generalitat como una "obra vital" para desarrollar la comarca, los detractores del proyecto aseguran que el túnel "destrozará el territorio". Jaume Cabanyes, portavoz de la plataforma opositora Salvem les Valls, avisó: "No nos resignamos. Expresaremos nuestra indignación hasta el final. Seguiremos exigiendo a las administraciones que retiren el proyecto".

Follia calcula que las obras, con un plazo de ejecución de tres años, podrán empezar la primavera del 2003. Según sus estimaciones, por entonces se habrá cerrado el proceso de expropiaciones, iniciado la semana pasada, y se habrá procedido a la retirada de líneas eléctricas y telefónicas y demás servicios de los terrenos afectados. El túnel medirá 4,3 kilómetros y, según Follia, incorporará las más avanzadas medidas de seguridad, protección contra incendios, así como salidas de emergencia, ventilación y vigilancia. Tendrá una altura de 13 metros.

El director general de Carreteres sostiene que el proyecto de Bracons será "muy respetuoso con el medio ambiente". En este sentido apuntó que "ocho kilómetros de carretera discurren por túneles y viaductos, de forma que se minimizará el impacto". Además, recordó Follia, la Generalitat invertirá 32,4 millones en medidas correctoras.

Pero los argumentos del Govern no convencen a Salvem les Valls, que cree que Bracons "dinamitará el entorno natural de la Vall d'en Bas". Follia, por su parte, defiende que el eje Vic-Olot conectará la Garrotxa con Lleida y en el futuro se erigirá en "una vía de comunicación básica para las zonas de interior". En Salvem les Valls se ha instalado la sospecha de que el Govern pretende iniciar las obras antes de que se resuelva el contencioso que pesa sobre el túnel. Para evitarlo, la entidad ha solicitado la suspensión cautelar del proyecto al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.

Por su parte, el secretario general adjunto de CiU, Pere Macias, propuso ayer la construcción de una nueva carretera, que en este caso uniría Anglès y Salt. La propuesta cuenta con el apoyo de los alcaldes convergentes de los municipios de la Vall del Ter porque creen que contribuirá al desarrollo económico de la zona.